Este martes 30 de octubre a las 10:30 en Diagonal Norte y Florida se realizó una marcha en rechazo de la Resolución 1200/12 mediante la cual la Superintendencia de Servicios de Salud deja sin cobertura y sin financiamiento a las personas con discapacidad de la mitad de las prestaciones cuyo derecho le otorga la ley 24901. Esta medida afecta a más de cien mil personas.
Esta resolución perjudica en forma directa a los niños y jóvenes con discapacidad porque ya no contarán con servicios de integración escolar, de educación especial ni asistencia de terapias de apoyo (Psicopedagogía , Psicología, Fisioterapia, etc.) como así también otras ayudas técnicas.
El Estado se queda así con gran parte del dinero del Fondo Solidario de Redistribución que era manejado por la desaparecida Administración de Programas Especiales APE (liquidada el Julio de 2012). Ese dinero es de los Trabajadores que aportan a las Obras Sociales (entre el 10 y el 15%) y se utilizaba para cubrir estos gastos denominados por patologías catastróficas o de alto costo y baja incidencia. Para ponerlo en números : 18.678.987 personas aportan a este fondo y con esta resolución ese dinero se lo quedaría el Estado Nacional.
Por otra parte, se reducen los valores de cobertura hasta un 50% de los Servicios de Rehabilitación, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día y Hogares debiendo ser abonadas las diferencia por los padres o parientes. Es decir que lo que tenía una cobertura del 100% queda librado al azar ya que en el mismo instrumento se desconocen las categorías de los servicios y la garantía de la calidad de la atención en salud.
Esta medida además es inconstitucional porque una resolución no puede modificar una ley (la 24.901) ni el decreto reglamentario 762/97 que dio origen al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Lo que implica por un lado Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público al desconocer la ley vigente.
Por otro lado también configura un delito internacional ya que la Argentina es país firmante de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad en la ONU y dicha norma obliga a los países miembros a proteger a las personas con discapacidad y velar por sus derechos.
En esta decisión estuvieron ausentes la Comisión Nacional de Integración las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Directorio del Sistema Único, el Ministerio de Salud de la Nación, el Consejo Nacional de coordinación de Políticas Sociales, claves en esta área.
[…] Fuente: El Diario de Buenos Aires […]