Así lo dispuso hoy el juez Claudio Bonadio y dio por cerrada la investigación La decisión se tomó poco antes de que se cumpla el primer aniversario del accidente ferroviario. Pasaran a juicio lo procesados Jaime Schiavi y Cirigliano
Bonadio respondió al pedido que le hizo la semana pasadala Cámara Federalsu superior jerárquico. Al decidir la clausura de la instrucción, Bonadio escribió que la causa tiene “una gran trascendencia social”, que hace que sea elevada a juicio “sin demoras innecesarias”. Ello permitirá “dar una certeza” a la sociedad en general y a las víctimas en particular, con respecto a cómo han sucedido los hechos, cuáles son las responsabilidades penales que deberán afrontar los imputados y cuál es, en definitiva, el castigo que el proceso penal depara a los participantes de los hechos ilícitos.
Los ex funcionarios y los empresarios implicados son n los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna; el ex titular dela Comisión Nacionalde Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero; Mario y Claudio Cirigliano, titulares de TBA; Carlo Michelle Ferrari, presidente de TBA; Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA, y Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; Sergio Tempone, gerente de operaciones; Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; Luis Ninona, superior de Ranieri, y Marcos Córdoba, el maquinista, además de otros directores de TBA y Cometrans.
También deberán decir si están de acuerdo con elevar la causa a juicio los abogados de las víctimas, que fueron reunidos en cuatro grupos de querellantes. A la cabeza de cada querella estarán Gregorio Dalbón; Miguel Angel Arce Ageo; Marcelo Parrilli, María del Carmen Verdú y la familia de Lucas Menghini Rey, el joven cuyo cuerpo apareció dos días después de la tragedia del 22 de febrero pasado.
Una vez que las partes hagan sus pedidos, el juez Bonadio le dará vista a las defensas de los acusados para determinar si rechazan las excepciones y si piden el sobreseimiento de sus clientes. Si las partes no se oponen a la elevación a juicio, mediante un simple decreto Bonadio podrá elevar la causa a juicio oral y público y ya quedaría en manos de un tribunal oral, que después de analizar si la instrucción está completa, puede ponerle fecha al juicio.
Bonadio advirtió que no iba a tolerar chicanas procesales, que es tarea del juez exigir a las partes buena fe procesal y que el juez puede aplicar sanciones si es que detecta “conductas obstruccionistas”.
Schiavi avaló la decisión de Bonadio: “Considero que el juicio oral y público es el ámbito natural para que se esclarezca definitivamente el hecho y quiénes son sus verdaderos responsables”, dijo su abogado Claudio Lamela
