Varias organizaciones entre ellas el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS) , la Federación de Psicólogos y la Red de Usuarios y Familiares expresaron su preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental No 26.657, que ya cumplieron dos años de su promulgación.
La ley de slaud mental, entre otras cuestiones, pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta a reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por la atención comunitaria.
La demora en reglamentar quizás obedezca a la fuerte oposición a la ley que hace la Asociación Argentina de Psiquiatría, que expresa la “necesidad de cambiar paradigmas” en Salud Mental, y que suele simplificarse como una disputa psiquiatras-psicólogos.
Exigieron una audiencia a la Presidenta de la Nación, al jefe de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia: “Urgimos a las autoridades a cumplimentar una tarea que es de su competencia” y “de cumplimiento obligatorio”. Según manifestaron “la demora no es burocrática sino política”: la vincularon con “presiones de la corporación psiquiátrica, especialmente en su vinculación con clínicas privadas”.
La ley pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta al reemplazo de los “neuropsiquiátricos” por la atención de la salud mental en el marco de la comunidad. Sin embargo, la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) sostiene que “debe revisarse la Ley 26.657”, y que en ella hay “imprecisiones” y “contrasentidos”.
Por otra parte Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del CELS, sostuvo que “la reglamentación está detenida en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Advertimos una falta de voluntad política por sacarlo adelante. Exigimos una reglamentación que detenga las violaciones sobre los derechos humanos, que continúan”.
Eduardo Perazzo representante ante el Observatorio de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad destacó que “ La falta de reglamentación permite una interpretación demasiado amplia de la ley, y existe el riesgo de que la reglamentación retroceda en los avances que propició esta ley”.
Los sectores corporativos vinculados con clínicas privadas son los que más se resisten a la ley, que prohíbe la apertura de nuevas unidades exclusivas para atención psiquiátrica.
También requiere que “la idoneidad y capacidad para el cargo de conducción y gestión de servicios o instituciones deberá ser encuadrada bajo los criterios establecidos en la Ley 17.132” promulgada en 1967 por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, que no sólo reservaba aquellos cargos para los médicos sino que directamente prohibía el ejercicio de la psicoterapia a los psicólogos.
El sistema de salud debe atender simultáneamente a todos los problemas relacionados con la salud mental, lo que implica priorizar, no solo por razones políticas sino técnicas, si se quieren resultados sostenibles.
