En la Capital española se realizó una masiva marcha llamada Marea Blanca, haciendo referencia al color de los guardapolvos de los médicos, que a su vez reivindica la salud pública y gratuita, fue por el intento de privatización que quieren hacer a seis hospitales y 27 centros de salud. Es la quinta protesta en lo que va del año
A fines de diciembre del año pasado la Asamblea madrileña dio curso a una discutida norma que consentirá la privatización de seis clínicas y del 10% de los centros de salud de atención primaria, con lo cual muchos quedarían excluidos del sistema de salud por falta de recursos.
Esta marcha ya es la quinta en lo que va del año y miles de profesionales y usuarios de la salud pública se sumaron a esta nueva protesta pacífica, donde el lema era “La salud pública no se vende, se defiende”.
Los propulsores de la organización Marea Blanca reclamaron la renuncia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de su funcionario de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty ya que el jueves pasado justificó el plan, argumentando que la gestión empresarial de seis hospitales madrileños generaría una reducción de costos para los fondos públicos, a lo que “marea blanca” considero como argumentos “mentirosos, falsos y tramposos”
La privatización del sistema de salud madrileño concordó con el primer aniversario de los recortes implementados por el gobierno de Mariano Rajoy en el área de Salud a nivel nacional.
Un año atrás ya se había realizado el “tijeretazo” de 7000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, acordado por la titular del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Es por ello que se realizan este tipo de marchas para reclamar sobre todos los ajustes que se realizan en la salud, afectando entre otras cosas, recortes en investigación, prevención de sida y trasplantes, como así también reducción de camas y trabajadores en hospitales, aumento de las listas de espera y derivación de pacientes a centros privados.
Con este recorte 4000 trabajadores de la salud perderían sus empleos , perdiendo de este modo todos sus derechos como funcionarios estatales, adquiridos en muchos casos hace más de 30 años.
