El martes pasado, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en función de darle lugar a la Justicia porteña para que dirima los conflictos en torno a la libertad de expresión y de prensa en Capital Federal. El kirchnerismo y varios miembros de la oposición señalaron su inconstitucionalidad.
A poco tiempo de que comenzara a circular el rumor de que desde el Gobierno estarían por intervenir el Grupo Clarín a través de la Comsión Nacional de Valores (CNV), el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, convocó a periodistas y medios para una conferencia de prensa en el Salón Blanco del Palacio Municipal. “En las últimas semanas hemos visto que han recrudecido los ataques a dos pilares de la democracia, la independencia de la Justicia y la libertad de prensa. No existe democracia si no hay libertad de expresión y no existe libertad de expresión sin libertad de prensa”, comenzó su discurso el jefe de gobierno ante la mirada atenta de su vicejefa, María Eugenia Vidal; el titular del bloque de legisladores, Fernando De Andreis, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por Macri, para que la Justicia porteña decida sobre las cuestiones de la libertad de prensa y de expresión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Según el jefe de gobierno, la medida podría llegar a impedir que la Justicia Nacional intervenga en los medios de comunicación radicados en la Capital Federal. “Se creará un fuero especial para que dirima sobre libertad de expresión, mientras tanto, quedará bajo jurisdicción del Tribunal Superior Judicial porteño (TJS)”, señaló Macri.
El DNU, que entrará en vigencia por treinta días, deberá ser refrendado por la Legislatura; donde los legisladores del oficialismo y la oposición tendrán un mes para ratificar o rechazar la iniciativa.
A pesar de ser anunciado con bombos y platillos, tanto miembros cercanos al gobierno nacional como algunos de la oposición coinciden en que su aplicación no es plausible.
Los personajes más afines al kirchnerismo lo consideran una “patética y tragicómica versión del separatismo porteño“; mientras que miembros de la oposición señalaron la inconstitucionalidad y falta de practicidad de la norma, aunque aún así destacan el espíritu de la medida.
Gabriela Cerruti, legisladora de Nuevo Encuentro, adelantó que presentará un amparo judicial para declararlo inconstitucional. Para Sabatella, titular del AFSCA, “es evidente que no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con defender los intereses del grupo Clarín”.
“Hace un año, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las provincias no pueden legislar sobre los medios de comunicación, por lo tanto la Ciudad no tiene competencia alguna”, agregó al debate el diputado Juan Cabandié. Por su parte, el abogado Boico, señaló que “bajo el argumento de la protección a los periodistas, se pide que no toquen a las empresas, que no las allanen ni investiguen. Eso es una locura”.
Incluso, desde el Frente Amplio Progresista (FAP), se calificó a Macri como “un aprovechador que en forma sobreactuada defiende al Grupo Clarín”. Luis Juez, de ese partido, agregó que el jefe de Gobierno ”dice que quiere defender la libertad de opinión y la semana pasada los cagó a palos a los trabajadores del Borda”.
