La Corte y la Cámara Federal pidieron que se investiguen actuaciones y designaciones de Gils Carbó, Procuradora General de la Nación. Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y otras ONG defendieron a la Procuradora.
En el mismo día, la Cámara Federal, la Corte Suprema y un fiscal federal promovieron y reabrieron investigaciones contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Por un lado, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa por nombramientos irregulares de fiscales “ad hoc” o subrogantes, al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien previamente había considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituían delito. Esta causa se da en el marco de una denuncia realizada por el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Cimadevilla, quién consideraba que la creación de unidades especializadas (como la Procelac , de lavado, y la Procunar, de narcocriminalidad) invadía facultades del Poder Legislativo; así como también la designación de subrogantes avanzaba sobre atribuciones del Poder Ejecutivo y el Senado.
Por otra parte, un fiscal federal pidió investigar también a la Procuradora General de la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez. Fue el fiscal Gerardo Di Masi, quién le dió impulso a la denuncia de la diputada de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, por supuesto “encubrimiento” a quienes considera sospechosos de “intentar frustrar la investigación” que involucra al empresario Lázaro Báez.
