Con 130 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención, el oficialismo sancionó en la Cámara de Diputados la “Ley de Hidrocarburos”. Fuertes críticas de organizaciones sociales, comunidades originarias y organizaciones ambientales.
A pesar de las fuertes críticas de organizaciones sociales y ambientales, el bloque del Frente para la Victoria acudió a la ayuda de sus aliados y de los legisladores de Compromiso Federal de San Luis, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Frente Nuevo Encuentro para aprobar el proyecto de ley.
Según consigna el diario La Nación, “la nueva ley reconoce el dominio del subsuelo a las provincias, pero crea un marco regulatorio único para todo el país. Se dispone la ampliación de los plazos de concesión, se establece una promoción fiscal para los proyectos de inversión de más de 250 millones de dólares, se pone un tope de 12% a las regalías (que puede elevarse hasta 18% en caso de prórroga) y se elimina la posibilidad del ‘acarreo’, esto es, que las provincias se integren como socios de los proyectos sin hacer la inversión correspondiente”.
Regalías petroleras. Con la nueva ley, un máximo de 18%. Menos que Nigeria (19%), Angola (20), Colombia (25), Venezuela (30) y Bolivia (50)
— Dario Aranda (@ArandaDario) octubre 29, 2014
Desde que se dió a conocer el proyecto de ley son varios los puntos criticados y rechazados por las distintas organizaciones: la falta de una regulación ambiental para evitar los daños ambientales que produce la técnica de la fractura hidráulica o fracking – prohibida en varias partes del mundo y rechazada en asambleas populares en muchos municipios y ciudades argentinas -, el tope del 18 por ciento en las regalías; los extensos períodos de concesiones (35 años en algunos casos prorrogables por otros 10) permitidos y la habilitación a un concesionario a extender la explotación de un yacimiento convencional cuando éste se encuentre vinculado a uno de hidrocarburos no convencional.
“El proyecto del oficialismo que se dice nacional y popular es claramente una de las leyes que tienen el carácter más antinacional y antipopular. Bajo los gobiernos kirchneristas se mantuvo el esquema privatista de los 90’ del que fueron impulsores. A pesar de que la estatización del 51% de YPF la presentaron como un gran acto de soberanía nacional, no fue más que la base para una re-privatización”, aseguró Nicolas Del Caño, diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
“El acuerdo con Chevron es lo que se quiere generalizar con esta nueva ley: la entrega lisa y llana de nuestros recursos hidrocarburíferos a las multinacionales extranjeras”, agregó.
En esta línea, el diputado cuestionó duramente los efectos de esta ley en torno a la ya sistemática violación de derechos de las comunidades originarias: “Hace varios meses viajamos a Vaca Muerta a entrevistarnos con las comunidades mapuches y pudimos conocer de cerca su situación. No quedan dudas de que los pueblos originarios son avasallados en sus derechos”, aseveró.
“Como ejemplo, la comunidad Mapuche de Campo Maripe en la localidad de Añelo, Neuquén, vive, trabaja y cría a sus animales en Loma Campana al mismo tiempo que las petroleras YPF-Chevron comenzaron en 2013 a explotar petróleo con la técnica de fractura hidráulica. El estado nacional y neuquino vulneraron los derechos de la comunidad, vigentes en legislación nacional e internacional, al no realizar el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a la comunidad”, sentenció.
Por su parte, Claudio Lozano de Unidad Popular dijo que la norma “promueve un cuadro de suicidio energético y ambiental”. “Corona el proceso por el cual hemos pasado de Repsol-YPF a YPF-Chevron (…). Que no queden dudas de que YPF no está en manos del interés nacional sino de las corporaciones multinacionales”, afirmó.
“La soberanía deja mucho que desear, cuando le exigís rendición de cuentas al Gobierno nos dice que YPF es una sociedad anónima y que a ellos no les corresponde”, aseguró por su parte Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén. “Esta ley está hecha al servicio de los grupos económicos, ya que a las empresas se les aseguró la explotación a 50 años”, agregó.
“Este proyecto de ley lo elaboró Galuccio para alentar y promover las empresas multinacionales . Está hecho a medida de los empresarios y contrariando los intereses del pueblo”.
“Esta ley no está hecha pensando en la gente ni en el medio ambiente”, afirmó. “Si nosotros vamos a los intereses del pueblo mapuche, no es arte ni parte, se lo ha ignorado totalmente, violando una serie de normativas que están en la Constitución Nacional”, sentenció.
