Luego de que la minera canadiense Barrick Gold reconociera la rotura de un caño que transporta cianuro en el Cerro Veladero; vecinos de Jáchal denunciaron la complicidad entre la empresa y las autoridades gubernamentales.
Una vez más, la simbiosis entre los negocios mineros y las autoridades municipales y provinciales volvió a ser el foco de la atención.
Recién tras la movilización de cientos de vecinos de Jáchal – y un día después de que se confirmara el derrame de cianuro -, la municipalidad salió a dar “explicaciones” sobre lo sucedido en los últimos días. Pese a que tanto la minera canadiense como el gobierno provincial/municipal afirman que no hay “contaminación”, la cantidad de químicos derramados es alarmante.
Desconfiando de las versiones oficiales, la gente del pueblo decidió dejar de tomar el agua de la canilla y tomar agua mineral.
“Se calcula que se derramaron 15 mil litros de cianuro y mercurio”, afirmó Omar Ferreyra a Radio Continental. “Las nevadas y los vientos de la zona pueden llegar incluso a distribuir los químicos hacia zonas más alejadas”.
Domingo Jofré, de la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, agregó: “Queda muy en claro que lo que algunos decíamos: no era viable realizar este tipo de maniobras en una zona sísmica y con condiciones climáticas extremas”.
“Existe un gran vacío de información: es imposible conseguir datos más allá de lo que dice la empresa. La Secretaría o el Ministerio de Minería son los mismos organismos encargados de promocionar la actividad y de controlarla, lo que genera dudas”, explicó, por su parte, Pía Marchegiani, directora de Participación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en diálogo con Infobae.
“Hay provincias que prohíben el uso de cianuro; se debería ir tendiendo a limitar la actividad tan contaminante. En cualquier caso, frente al riesgo que implica la actividad, es vital que haya información independiente, producida por técnicos y científicos imparciales, desligados de los intereses de la empresa y el gobierno”, sentenció.
