Una gran cantidad de interrogantes y de cuestionamientos se abren en torno a la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y las fuerzas policiales.
Pese a la detención de los tres prófugos tras quince días de búsqueda, hasta el momento poco se ha hecho para investigar fehacientemente la complicidad policial y penitenciaria en la fuga de los responsables del “triple crimen de la efedrina”.
Por el propio escape de los Lanatta y Schillachi no hay nadie detenido y, pese a las acusaciones en torno a la complicidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el gobierno aún no concretó ninguna denuncia penal.
El mismo Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resaltó los “altísimos niveles de violencia, degradación y corrupción” del SPB y pidió expresamente una investigación seria y una reforma estructural. Sin embargo, nada se ha avanzado en esa dirección y el cada vez más prolongado silencio de las partes parece ir difuminando esta posibilidad.
Las constantes apelaciones a la “lucha contra el narcotráfico” del macrismo y los desplazamientos y las luchas internas en las distintas policías y divisiones no parecen avanzar hacia un proceso de creciente depuración y democratización.
Las peleas y los tironeos entre las distintas fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, se hicieron patentes desde el momento de la fuga y durante todo los operativos de búsqueda y rastrillaje; incluso, el mismo gobierno sospecha de que los errores públicos cometidos – Ritondo hablando de que los tenían “cercados” en Ranchos y Macri confirmando que tenían capturados a los Lanatta y Schillaci cuando sólo tenían a uno – fueron, más allá de sus propias impericias, “trampas” tendidas por alguna de las policías que intervinieron en los acontecimientos.
Para colmo, tampoco la fuga parece haber habilitado un cierto consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema penitenciario, modificar las paupérrimas condiciones en que las personas privadas de su libertad viven allí, ni en torno a su seguridad o el respeto de sus derechos básicos.
