Un fiscal dio lugar a la causa iniciada en 2012 por organizaciones sociales, ambientes y vecinales de la cuenca del río Luján y Delta del Paraná.

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El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado la paralización de todas las obras de construcción de barrios privados y countries que se encuentren en la cuenca de dichos ríos.

Organizaciones sociales y medioambientales vienen desde hace tiempo haciendo hincapié en la ilegalidad de estos emprendimientos inmobiliarios: muchos de ellos son construidos sobre “dominio público natural” y sin evaluación de impacto ambiental.

“Se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados asentados en la planicie de inundación del río Luján y en el Delta del Paraná no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”, señaló Domínguez en su fallo.

En esta línea, el periodista Darío Aranda confirmó en su nota publicada en Página 12 que el último 19 de febrero se solicitó lala paralización precautoria de “toda obra que se lleve acabo en los barrios cerrados y clubes privados”: esto abarca los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre.

“Las gravísimas consecuencias muy probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades competentes soluciones de fondo”, sentenció el fiscal federal.

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