Otra medida judicial intenta ponerle un freno a Uber como parte de la orden de clausura y bloqueo preventivo del servicio de transporte en la Capital Federal.
En medio de su exponencial crecimiento en la plataforma de usuarios, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó a las tarjetas de crédito a que “eviten habilitar puntos de venta, percibir el cobro de viajes o realizar cualquier actividad que le permita a Uber llevar a cabo sus operaciones”.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dieron la derecha a los taxistas desde un principio: hace algunos días atrás, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires incluso ordenó bloquear la aplicación de Uber. Antes, un fallo judicial le ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender la actividad pero la empresa se negó alegando que su servicio está contemplado dentro de las posibilidades de la ley y desafió a las autoridades ofreciendo “viajes gratis”.
La polémica entre los taxistas y Uber quedó instalada en el centro del debate en torno a la legalidad o no de esta empresa; sin embargo, son pocos los que hacen hincapié en las pésimas condiciones en que trabajan los choferes de ambos servicios.
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— Diario BA (@diariodeBA) 20 de abril de 2016
Uber, por una parte, no paga cargas sociales (obra social, aportes jubilatorios ni de ningún tipo) a “sus” choferes ya que los considera bajo la figura de “socios”: entre ellos no existe – “en teoría” – ninguna relación de dependencia pese a que se quedan con el 75% de cada viaje. Tampoco tributan al país en el que se instalan sino que dirigen su dinero a cuentas en el exterior.
El sistema en que se encuentran la mayoría de los choferes de taxis sin su propio auto y/o licencia también deja mucho que desear: por lo general, deben entregar por día 1.000 pesos al patrón lo que les ocupa buena parte de la jornada laboral. Recién a partir de cumplir con ese piso empiezan a ganar ellos mismos su dinero, lo que les demanda más de doce horas de trabajo.
