People demonstrate against Argentine President Mauricio Macri's decree seeking to change the Media Law --which regulates the distribution of television and radio licenses in Argentina and was an emblematic legislative victory of ex President Cristina Fernandez de Kirchner-- outside the National Congress in Buenos Aires on December 17, 2015. AFP PHOTO/EITAN ABRAMOVICH / AFP / EITAN ABRAMOVICH

El artículo 85 del proyecto de ley enviado por Mauricio Macri prevé la penalización de la divulgación de información de quienes entren al “blanqueo”.

People demonstrate against Argentine President Mauricio Macri's decree seeking to change the Media Law --which regulates the distribution of television and radio licenses in Argentina and was an emblematic legislative victory of ex President Cristina Fernandez de Kirchner-- outside the National Congress in Buenos Aires on December 17, 2015. AFP PHOTO/EITAN ABRAMOVICH / AFP / EITAN ABRAMOVICH

El escándalo estalló cuando se dio a conocer el borrador del proyecto del oficialismo: en caso de aprobarse en los términos en que fue girado, constituiría un gran retroceso en torno a los derechos de libertad de expresión y de prensa.

Tras su divulgación, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que “tal como está redactado, el artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público”.

El bloque de diputados del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido Justicialista (PJ) también fueron duros con la propuesta gubernamental: “Pretende establecer fuertes multas y penas de prisión a quienes divulguen datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo. El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32. Es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse”, aseveraron.

Tomando nota de la reacción de la oposición, así como también de las distintas organizaciones sociales y de periodistas, el legislador del PRO, Pablo Tonelli, comunicó que “corregirán” el artículo 85 en la misma Cámara de Diputados y en el “momento de su tratamiento”.

Pese a ello, aclaró en diálogo con “FM Blue”: “El artículo lo que pretende es preservar la confidencialidad vinculada al blanqueo y a la situación impositiva, lo cual me parece muy importante porque sería muy difícil que los contribuyentes que ingresaran a este régimen supieran que su situación impositiva o fiscal va a ser conocida por todos, incluso no solo por razones de reserva sino también por razones de seguridad”.

“La redacción del artículo tal vez no sea la más feliz que haya y hay que modificarla un poco, pero la confidencialidad en materia impositiva y la prohibición de difundir datos ya existe desde hace muchos años”, sentenció.

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