La investigación judicial en torno a la fiesta electrónica de Costa Salguero donde murieron cinco jóvenes sigue sumando carátulas y procesamientos.
A principios del mes de junio, cinco funcionarios porteños fueron procesados: todos pertenecían a la “Gerencia de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control” de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Unos días antes, Víctor Stinfale, el empresario Adrián Conci y el resto de los organizadores habían corrido la misma suerte.
“Hay responsabilidades compartidas entre Prefectura, los organizadores y el GCBA” | https://t.co/allm5uvqgL pic.twitter.com/T6DxqdohkO
— Diario BA (@diariodeBA) 22 de abril de 2016
Ahora, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 decidió extender la medida a los miembros del Departamento de Narcotráfico de la Prefectura que estuvieron en el interior del predio donde se desarrolló la “Time Warp”, así como también al jefe del operativo del servicio de “policía adicional”.
En su resolución, el juez Casanello aseguró que los 26 imputados fueron “partícipes necesarios del delito de comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de dejar de promover la persecución y represión del delito”.
También dispuso embargos solidarios por 20.000.000 de pesos “a los fines de garantizar, entre otras cosas, eventuales indemnizaciones a las víctimas.
La avanzada en la investigación judicial va paralelo a la denegación sistemática por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de impulsar una comisión investigadora. A mediados de junio, la Legislatura porteña trató dos iniciativas distintas que proponían una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos el último 15 de abril en el predio de Costa Salguero: pese a ello, el PRO y sus aliados logró frenar ambos y ninguno terminó siendo aprobado.
