Turquía vive uno de sus momentos más críticos: tras el fallido golpe, el primer mandatario profundizó la purga en los distintos ámbitos gubernamentales.

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Pese a las críticas y los temores de la oposición, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó en las últimas horas la declaración del estado de emergencia por tres meses.

El instrumento no ha cesado de suscitar controversias: le permitirá al mandatario suspender derechos y libertades, así como también aprobar leyes, sin pasar necesariamente por instancias parlamentarias.

Sin embargo, él mismo niega que vaya a utilizarlo para esos fines: “Lo único que queremos es poder tomar pasos rápidos y efectivos contra esta amenaza que puso en jaque a la democracia”, señaló en conferencia de prensa.

En esta misma línea, y sin dar nombres propios, agregó: “Hay otros países detrás del intento de golpe. Hay una estructura que sostiene a la organización terrorista de Fehtullah Gülen y que organizó todo”.

Una de las primeras medidas que tomó fue prohibirle a los investigadores y académicos que viajen fuera de Turquía ya que “hay sospechas” de conexiones con partícipes del alzamiento. “Europa no tiene derecho de criticar esta decisión”, aseguró Erdogan en referencia a ello. “Turquía va a suspender la Convención Europea de Derechos Humanos”, agregó Numan Kurtulmus, actul primer ministro.

En reiteradas apariciones públicas desde el intento de golpe del último sábado, Erdogan aseguró que cumplirán los pasos necesarios para reestablecer la “pena de muerte”: en 2004, el mandatario la había abolido para comenzar a negociar su entrada a la Unión Europea (UE).

 

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