El gobierno de Mauricio Macri aseguró que no apelará más las solicitudes que suelen presentar los represores a partir de los 70 años.
La noticia se conoció pocos días después de que la Justicia decidiera que a Miguel Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha de Ramón Camps, se le denegara el pedido de prisión domiciliaria.
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“Los números demuestran que no se abrieron las cárceles de par en par, como dicen desde el kirchnerismo y que durante el anterior gobierno también hubo beneficiados en ese sentido”, argumentaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.
Desde hace tiempo, distintos organismos que pertenecen al movimiento de DDHH vienen señalando que el número de beneficiados con domiciliaria está creciendo: hoy ya es del 41 por ciento.
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Según la ley de ejecución penal, los jueces pueden – aunque no están obligados – disponer la prisión domiciliaria “cuando el interno tiene más de 70 años, o si tiene una enfermedad terminal, o cuando la privación de libertad le impide un tratamiento adecuado”.
Sin embargo, son varios los magistrados que tras evaluar el cuadro real de salud de los detenidos, han ponderado los riesgos de fuga y entorpecimiento de las causas para negar la prisión domiciliaria.
Los datos sostienen este tipo de decisiones: hay decenas de prófugos en causas de lesa humanidad; muchos de los cuales escaparon del Hospital Militar o violaron la domiciliaria.
