El fiscal Facundo Trotta, que actuó en la Megacausa “La Perla” se mostró en descuerdo con los argumentos expresados por el presidente del TOF 1 de Córdoba.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 23 de octubre pero hay otra polémica instalada en torno a cuándo comenzó el “Terrorismo de Estado”.
La primera lectura de la sentencia dio a entender que el TOF 1 de Córdoba consideraba que había empezado antes del golpe del 24 de marzo de 1976; sin embargo, el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, desestimó eso al aclarar que los crímenes que se cometieron previo a esa fecha el los juzgaba como “delitos de lesa humanidad”.
“Lo que dijo el presidente del tribunal en una entrevista en ‘La Voz del Interior’ (…) es que para ellos hubo crímenes de lesa humanidad antes del golpe y por eso se rechazó el pedido de imprescriptibilidad de los delitos que nosotros tenemos como cometidos a partir de marzo de 1975. En este sentido, destacó que ellos consideraron que era un crimen de lesa humanidad porque fue llevado a cabo por un grupo parapolicial y paramilitar que utilizó instrumentos e instalaciones del Estado para cometer estos crímenes, pero que entendían que en realidad no respondían a una política estatal”, apuntó Trotta en desacuerdo con Gavier.
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— Diario BA (@diariodeBA) 25 de agosto de 2016
“Sin leer los fundamentos no comparto esta posición, me resulta una visión un tanto reducida decir que esta persecución no respondió a políticas estatales antes del golpe. De todos modos, lo importante es que estos hechos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad antes del golpe. Nosotros no solamente tenemos que este grupo parapolicial y paramilitar, que en Córdoba se autodenominó Comando Libertadores de América y que fue la versión de la Triple A en Córdoba, utilizó instrumentos e instalaciones del Estado sino que además el mismo Vergez, que es el fundador de este grupo, en su libro ‘Yo fui Vargas’ dice que él fue enviado por la más ortodoxa y antisubversiva facción del peronismo a Córdoba con una carta dirigida al interventor, quien le puso todos los medios a su disposición para aniquilar”, explicó el fiscal.
“Esto claramente respondía a una política de Estado y además en Córdoba nosotros tenemos, está acreditado no solamente por los testimonios sino por prueba documental, que donde funcionaba una cárcel militar, o sea donde se detenía a militares por faltas al Código Militar, se construyó un campo de concentración, que fue el campo ‘La Ribera’ que comenzó a funcionar por diciembre de 1975. Cuesta entender que quien era interventor en Córdoba desconociera que ese lugar, que encima aparece en documentos oficiales, se estaba utilizando como campo de concentración ya por diciembre de 1975”, expresó el fiscal de la “Megacausa” en diálogo con “Oral Y Público”.
“Claramente en Córdoba los crímenes que se cometieron con anterioridad al golpe correspondieron a una política que venía ya desde el Estado. Esa es la razón por la que la fiscalía pidió en su momento, cuando concluyó el análisis de dos grandes causas que se ocupaban de todos los hechos con anterioridad al golpe, que se giraran los antecedentes para que se investigara la posible responsabilidad de quienes eran las máximas autoridades en ese momento a nivel nacional, concretamente a María Estela Martínez de Perón”, sentenció.
Fuente: ANRED
