El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, desestimó el pedido de liberación que hizo el “Grupo de Trabajo” de la ONU.
“Milagro Sala no es una presa política porque tiene siete u ocho causas por las cuales está detenida de acuerdo al código procesal penal de Jujuy, el debido proceso está garantizado, el fiscal, los jueces y la defensa están actuando”, expresó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.
“Hay muchísimos hechos que vienen de hace tiempo y se están comprobando, por ese motivo no es una presa política. Los argumentos que se esgrimen son los mismos que plantea De Vido, lo mismo que plantea Cristina Kirchner: de que todo es una persecución política y que no son causas de corrupción. Son opiniones y la justicia tendrá que determinarlo”, indicó Claudio Avruj.
Sobre los pasos que seguirá el gobierno de Mauricio Macri en torno al tema, apuntó: “Hemos dado traslado del documento emitido al superior Tribunal de Justicia de Jujuy y obviamente el tribunal va a recabar en todos los actores involucrados, jueces y fiscales, la mayor información posible para hacerla llegar la Comisión de Trabajo”.”es una opción política de oposición y de oposición salvaje”.
? “Liberar a #MilagroSala es un deber del Estado ante la comunidad internacional” #CELS https://t.co/ktmwWznO2T pic.twitter.com/2yXmZugILB
— Diario BA (@diariodeBA) 2 de noviembre de 2016
Hace algunos días atrás, el “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de la ONU le solicitó al gobierno argentino que libere a la dirigente política jujeña: “Hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. Se está vulnerando la independencia judicial. No existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. No existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación”.
Desde el CELS, mientras tanto, advirtieron: “La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino”.
Pese a ello, el gobierno está reacio a acatar las recomendaciones del organismo internacional: “Hay desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia. Desconocen que ya es cosa juzgada, que no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur y además hay dos prisiones preventivas dictadas en causas, hay una megacausa”, justificó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.
