La polémica que desató Darío Lopérfido a comienzos del 2016 y que Mauricio Macri avaló en una entrevista sigue vigente en el oficialismo.
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), dependiente del Ministerio de Justicia, remitió a la ONG “Ciudadanos Libres” una lista de víctimas del Terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1982.
Según el documento gubernamental, publicado por la organización, durante 1973-1976 y 1976-1982 “se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8.571 víctimas de terrorismo de estado”.
En esta línea, afirmaron que, del total de 7.010 desapariciones, “662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón y 6.348 desde el 24 de marzo de 1976 en adelante”.
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Detrás las disputas por las cifras de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar se esconde una pelea mayor por el monopolio de la grilla de lectura del pasado reciente.
Movilizaciones, reproches, denuncias de organizaciones sociales y derechos humanos, repudios públicos en distintos actos y ámbitos: todo ese rechazo, constante durante meses, alcanzó el objetivo de que Darío Lopérfido, ahora ex titular del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, deje su cargo.
A principios de año, el por entonces funcionario porteño aseveró sin pelos en la lengua: “En la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos: esa cifra se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsidios”.
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“La ofensa que hizo Lopérfido afecta a todo el pueblo porque nos trata de mentirosos y de negociadores de la muerte de nuestros hijos”, reiteró en distintas oportunidades Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Cuando la “herida” parecía comenzar a suturarse con su salida del gobierno, la reapertura de Tecnópolis volvió a confirmar que el tema estaba lejos de ser un “error” o “excepción”: ante la nueva correlación de fuerzas políticas que atraviesa a la sociedad, la disputa en torno a la memoria sobre el pasado reciente vuelve a estar en los primeros planos.
En la nueva edición de la feria se eliminó toda referencia al rol y la importancia de los organismos de Derechos Humanos: no fueron convocados para participar en el “Espacio Para la Memoria” y, en su lugar, pusieron la muestra de los 280 días de la CONADEP, organizada por la “Fundación LED”.
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“La CONADEP registró denuncias que le permitieron establecer información comprobable de 8.960 casos de desaparecidos”, puede leerse en uno de los paneles de esta muestra. Es importante subrayar que esa frase representa la única mención a las víctimas del terrorismo de Estado.
En Agosto, el presidente aportó también lo suyo: “No sé si fueron 30 mil o 9 mil, es una discusión en la que no voy a entrar”, aseguró Mauricio Macri en una entrevista en vivo para “BuzzFeed”, un medio norteamericano. “Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.
Para colmo, ni siquiera dudó a la hora de utilizar ciertos términos “castrenses” para referirse al pasado reciente: Macri habló de “guerra sucia” para referirse a las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.
