La decisión se tomó luego de que se conociera un informe del Ministerio de Seguridad en donde se reconocen tareas de inteligencia sobre las organizaciones mapuches.
“Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro repudio frente a la actitud del gobierno nacional de hacer propio el discurso de las empresas petroleras –que sostienen que ‘los mapuches se han instalado donde operan las empresas extractivas’—y avanzar así en la criminalización del pueblo mapuche”, advirtieron en el comunicado.
“La presentación del Ministerio de Seguridad (junto con los Ministerios del Interior y Justicia y Derechos Humanos) refuerza el relato que busca legitimar la avanzada petrolera sobre territorios comunitarios indígenas, que es avalada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén. En efecto, el gobierno local continúa incumpliendo la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo insta a registrar las personerías jurídicas de las comunidades, condición que las habilita a defender sus derechos frente al Estado”, advirtieron ante la avanzada de las autoridades.
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— Diario BA (@diariodeBA) 20 de julio de 2016
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 17: por el contrario, son las petroleras, mineras y grandes estancias, las que se han instalado –muchas veces por la fuerza– en territorios comunitarios, profundizando su despojo”, explicaron las organizaciones.
“Un factor decisivo de conflicto y vulneración de los derechos indígenas en este tiempo es la explotación petrolera en Vaca Muerta que se inició en 2011.Chevron e YPF fueron las compañías que comenzaron la explotación con la cuestionada técnica de la Fractura hidráulica (Fracking), sin respetar ninguna de las leyes que protegen los derechos indígenas. Desde entonces el pueblo mapuche comenzó a padecer un proceso de hostigamiento por sus tierras”, recordaron luego.
Por último, señalaron: “Vemos con profunda preocupación que el Estado nuevamente recurra a estrategias de criminalización para privilegiar los intereses extractivos por sobre los derechos de los pueblos indígenas, contrariando los avances legales que el mismo Estado ha asumido en la materia”.
Fuente: Amnistía Internacional
