El gobierno de Mauricio Macri y el de Cristina Fernández de Kirchner no modificaron sus políticas ambientales: el extractivismo, el “modelo sojero” y la desidia en el foco de las inundaciones.
Los fenómenos meteorológicos y climáticos suelen estar asociado en el imaginario a “imponderables” y cuestiones de la “naturaleza”: poco se lo asocia con los modos en que el hombre modifica su entorno ambiental y el impacto que ejerce en él día a día.
Cada vez que se producen inundaciones de esta magnitud – vale la pena aclarar: son cada vez más frecuentes – los políticos de turno y de todos los arcos políticos salen a desgarrarse las vestiduras, aludiendo a la “furia” de la naturaleza, las cosas que están “fuera de alcance” y, los más osados, utilizan la carta de la abstracta y general noción de “cambio climático” para resguardar sus conciencias.
? Inundaciones en el norte de la Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe: hay cientos de personas evacuadas https://t.co/W45yOxQQVd pic.twitter.com/uvZRHLv3de
— Diario BA (@diariodeBA) 27 de diciembre de 2016
Sin embargo, estas cuestiones se vienen gestando desde hace décadas: tal cual afirma el periodista Darío Aranda en Página|12, “en Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos”.
Las cifras son desalentadoras y explicativas por donde se lo mire: “Entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco”.
El desmonte crece a la par de la siembra directa y la sojización: la ciudad bonaerense de Pergamino y los pueblos circundantes, Entre Ríos y el centro-sur de Santa Fe son prácticamente el “corazón” del agronegocio y la soja, al mismo tiempo que el epicentro de la mayoría de las inundaciones.
Para colmo, la destrucción de los humedales no cesa: luego de años de dilaciones, a principios de diciembre se aprobó una tibia “Ley de Humedales”. El proyecto impulsado por el senador “Pino” Solanas sufrió numerosas modificaciones de último momento que terminaron transformando su carácter proteccionista: terminó brindando una exagerada injerencia a las provincias para que continúen alentando negocios inmobiliarios y profundizando el modelo extractivo sobre los humedales.
La vital importancia de estos ecosistemas para mitigar inundaciones, sequías y proveer agua y vida a las distintas especies son soslayadas a la hora de ver los números del lucro privado: cuando el agua de la lluvia y el desborde de ríos y arroyos arrecian, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales sólo atinan a agarrarse la cabeza.
