Argumentando una “saturación” de las cárceles comunes, el gobierno comenzó a trasladar a condenados e imputados por crímenes de lesa humanidad al predio de Campo de Mayo.
“El Colectivo Nacional Mario Bosch manifiesta su repudio a tal resolución que coloca a los responsables del terrorismo de Estado en un lugar que fue Centro clandestino de Detención de compañeras/os y sitio de secuestro de desaparecidas embarazadas y de nacimiento de bebés apropiados”, señalaron a través de un comunicado distintos abogados de derechos humanos.
En el área 470 que correspondía a lo que hasta 1994 se conoció como General Sarmiento y hoy equivale a San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz se asentaba la guarnición de Campo de Mayo, una enorme franja militar de 5000 mil hectáreas: desde 1976 hasta 1980, funcionaron allí cuatro centros clandestinos de detención tortura y muerte: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita, el Hospital Militar y la Prisión de Encausados.
Allí dentro, los genocidas montaron una verdadera maquinaria de muerte: los detenidos eran ubicados en pabellones de acuerdo a la importancia que le otorgaban como botín de guerra, clasificación que se derivaba de su pertenencia a determinada organización político- militar.
Décadas después, el gobierno nacional decide reenviar a los represores al lugar, pese a que las medidas de seguridad son endebles: “Muchos de los detenidos mantienen conductas de encubrimiento, conductas tendientes a la fuga y además pueden convertirse en promotores de destrozos de elementos de prueba para la averiguación de delitos de lesa humanidad cometidos en dicha Unidad, que durante la última dictadura cívico militar se conoció como Cárcel de Encausados de Campo de Mayo”, advirtieron.
? El macrismo y la obsesión por los 30.000 desaparecidos #DDHH https://t.co/S0PIDL8mV9 pic.twitter.com/l3CQtCfDCp
— Diario BA (@diariodeBA) 9 de noviembre de 2016
“No están dadas las condiciones jurídicas ni de seguridad para que haya internos militares en ese penal. Es una cárcel exclusiva porque sólo aloja a un sector militar y nosotros objetamos esa exclusividad, porque deben cumplir pena en cárcel común según lo señala la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, señaló la fiscal Ángeles Ramos.
“Es más relajada la seguridad, está muy disminuida. Hay un perímetro de alambre, no hay cámaras y hay poco personal de custodia para la cantidad de internos. La intervención del Ejército en el Servicio Penitenciario es permanente. Entran y salen, la ambulancia la prestó el Ejército, los llevan a tratarse al Hospital Militar de Campo de Mayo y la alimentación la prevé el Ministerio de Defensa, cuando lo debería cubrir el Servicio Penitenciario”, sentenció.
