En un extenso comunicado, distintas organizaciones de derechos humanos locales pidieron al gobierno “protección” a los mapuches y “respuestas” sobre lo sucedido.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) plasmaron sus preocupaciones en torno a la defensa de la Comunidad Mapuche Pu Lof en un escrito dirgido al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Derechos Humanos.

  • Algunos extractos del comunicado:

“Los hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la Comunidad Cushamen son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y en cambio alimentó el abordaje represivo. Ante la orden de desalojo del juez federal Otranto, la intervención violenta de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) generó que la provincia de Chubut se sienta habilitada a intervenir ferozmente”.

“El gobierno nacional considera que conflictos como el que protagoniza la comunidad mapuche son amenazas a la seguridad de la Nación, los asocia con actividades terroristas y reconduce toda la actuación estatal a eliminar esta hipótesis. Esta visión está claramente expresada en el informe de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación de agosto de 2016. Según su perspectiva, los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales no constituyen derechos constitucionales sino delitos federales, ya que ellos se propondrían “imponer sus ideas por la fuerza”. En ese informe, el gobierno atribuye a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro”. Para el Ministerio a su cargo la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos”.

“La respuesta del gobierno nacional al conflicto por la recuperación de tierras cuya propiedad se disputan la Compañía de Tierras del Sur Argentino, es decir la trasnacional Benetton, y la Comunidad de Resistencia Mapuche en el departamento Cushamen es la mayor expresión de esa respuesta represiva a los reclamos territoriales del pueblo mapuche. Hay un hilo conductor entre la idea discriminatoria de que los indígenas son una amenaza terrorista, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas, la actuación ilegal de las fuerzas de seguridad y la persecución criminal a sus líderes”.

“Por todo lo expuesto, señalamos que los integrantes de la comunidad Lof Cushamen deben ser especialmente protegidos en tanto los sucesos de los últimos meses evidencian un especial ensañamiento por parte de las fuerzas de seguridad (provinciales y federales) contra quienes promueven y sostienen el reclamo territorial y comunitario en Cushamen”.

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