El procurador del Tesoro de la Nación y jefe de los abogados, Carlos Balbín, ordenó el inicio de una auditoría: buscan establecer irregularidades y responsabilidades en el acuerdo.

Todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A. – que pertenece a la familia del presidente Mauricio Macri – quedaron bajo la lupa.

Según trascendió a la prensa, en la auditoría se analizará cómo fue la actuación de cada uno de los funcionarios que se desempeñaron en el mismo y que derivó en un acuerdo que la fiscal Gabriela Boquín considera como “abusivo” y un “enorme perjuicio” para el Estado.

En el sumario se analizará especialmente la actuación del abogado y director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa: él fue denunciado por la fiscal por una presunta “intervención” irregular en el proceso judicial por la falta de un nombramiento formal para actuar.

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