A poco de terminar su mandato, el gobierno de Cristina Kirchner le había otorgado la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP).
En noviembre de 2015, tras siete años de reclamos, el Ministerio de Trabajo oficializó la personería gremial para los miembros de la AGTSyP y, de esa manera, ya no sólo la UTA tendría injerencia en la situación gremial de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.
“Como entidad sindical de primer grado, ya puede agrupar a todos los trabajadores que prestan servicios en relación de dependencia en el transporte público de subterráneo y premetro; con zona de actuación en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se pudo leer en ese entonces en el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Sin embargo, un año y medio después la situación cambió: ahora la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la una resolución del Ministerio de Trabajo y le quitó la personería gremial.
Ya en ese entonces, la UTA de Roberto Fernández había recurrido a los estrados judiciales para rechazar la decisión de Carlos Tomada: según el gremio, “no se había realizado la compulsa por no representar al menos un 10% más de afiliados” que ellos. La Justicia terminó por avalar su pedido.
