En una audiencia, organizaciones de derechos humanos y sindicatos y miembros del gobierno nacional discutieron sobre la situación en dicha provincia.
Estado Argentina niega la criminalización a la protesta en la provincia de Jujuy. En vivo: https://t.co/OXftLBh772
— CIDH (@CIDH) 20 de marzo de 2017
“Hay un discurso amoroso de respeto a los derechos humanos pero, en la práctica hay palos, gases y sanciones”, señalaron los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en una audiencia en la CIDH.
“Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte del gobierno que quiere ser juez y parte”, prosiguió Horacio Verbitsky, titular del organismo. “Se priva de sus derechos civiles y políticos a quienes protesta de manera anticonstitucional y anticonvencional”.
El sindicalista Rafael Vargas (Trabajadores de Ledesma) también expuso su punto de vista sobre la situación que se vive en Jujuy: “Nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas”.
Los representantes del gobierno nacional, por otra parte, desmintieron rotundamente estas prácticas y defendieron a la gobernación que encabeza Gerardo Morales: “Está plenamente garantizado el derecho a la libertad de expresión en Jujuy”.
Vale la pena recordar que la audiencia fue solicitada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el CELS y Amnistía Internacional.
