Hace algunos años atrás, la Argentina se transformó, con el lanzamiento de ARSAT 1, en el único país americano – además de los Estados Unidos – en lograr enviar un satélite de esas características a su espacio orbital.

Fue un hito tanto en materia tecnológica y científica: en el mundo no hay más de diez países que puedan construir satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.

Todo esto, sin embargo, quedó trunco: Mauricio Macri busca la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos llamada “Hughes”.

Sin licitación ni consulta, el gobierno decidió cederle la producción y explotación del nuevo ARSAT: de concretarse, los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por la firma que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país. Al igual que lo que sucede desde hace décadas con las mineras, también se podrá llevar al exterior los dividendos que se generen, que hasta ahora eran para financiar futuros satélites.

De esta manera, y contradiciendo la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015 que expresa la imposibilidad de ceder derechos de un nuevo satélite sin pasar antes por una consulta en el Congreso de la Nación, “Hughes” pasó a tener el 51% de ARSAT 3 y la autorización para cambiarle el nombre.

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