A comienzos del 2017, el presidente Mauricio Macri emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 que modificó la “Ley de Migraciones”.

A través del mismo se habilitó, entre otras cosas, la expulsión de aquellos extranjeros que cometen delitos o tienen causas penales avanzadas en el país. Tanto la CIDH como la ONU subrayaron en varias oportunidades la preocupación de que “aumente la criminalización y estigmatización de los migrantes” considerando al decreto como un “debilitamiento de sus derechos”.

Los resultados ya se hicieron notar en los primeros seis meses: la cantidad de inmigrantes deportados por la Argentina aumentó un 35% comparado con el 2016 y la proyección para este año es que haya un incremento de expulsados del 70%.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Dirección de Migraciones al que tuvo acceso Infobae: “Mientras a junio de 2016 había 113 extranjeros expulsados por haber cometido delitos o por tener condenas, en lo que va de este año esa cantidad se incrementó a 152 expulsiones”, señalaron.

“De la totalidad de los extranjeros en la mira de la justicia que había en el país, 32 fueron expulsados compulsivamente como lo prevé el decreto 70/2017 y el resto por tener un proceso de expulsión avanzado, en acuerdo de las partes de los extranjeros acusados de delitos y con condenas firmes”, agregaron desde el portal de noticias.

En lo que va del año, el Poder Ejecutivo incrementó en un 22% el rechazo en puestos de frontera al ingreso de extranjeros con causas penales o antecedentes judiciales vinculados al delito.

Además, revelaron que la mayoría de los expulsados tenían condenas y estaban acusados de tenencia de estupefacientes: buena parte de ellos eran paraguayos, seguidos de cerca por ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile y Alemania.

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