La decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de impulsar una reforma educativa en el nivel medio desató el rechazo de los centros de estudiantes de decenas de colegios secundarios que materializaron su descontento en la toma de los establecimientos.

En medio de las críticas de las autoridades para con los alumnos, el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian advirtió que ya recibió varias denuncias por las medidas de fuerza adoptadas y que, incluso, estudia descargar las responsabilidades en los progenitores de los chicos.

“Analizo las tomas como la posibilidad de un delito de usurpación. La responsabilidad es de los adultos”, señaló en diálogo con Radio La Red.

“Hay que dejar en claro dos cuestiones: el delito de usurpación tiene una pena de expectativa y las personas de 16 y 17 años son imputables. Y obviamente también puede originar una responsabilidad en los padres por el accionar de sus hijos”, remató.

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