La respuesta fue más rápida de lo que se preveía: no pasaron tres minutos de la declaración de la independencia catalana que se produjo la inmediata reacción del gobierno español.

“Pido tranquilidad a los catalanes. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña”, aseveró el presidente Mariano Rajoy a través de su cuenta de Twitter.

La Moncloa sabe que cuenta, a priori, con las de ganar: el respaldo de la monarquía, de la Unión Europea (UE), de parte de una porción de catalanes y que tiene bajo la manga el ya famoso artículo 155 de la Constitución  de España.

El mismo prevé la suspensión del autogobierno catalán, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco, y que podría ser usado para decretar un “estado de emergencia” en la región: asumir las funciones gubernamentales, apresar a quienes estén en “sedición” e intervenir militarmente la zona.

A última hora, Mariano Rajoy habló con la prensa y comunicó la destitución del Govern y, fundamentalmente, de Carles Puigdemont. “La independencia es desgarradora. Llevaron a Cataluña a un callejón sin salida”, advirtió.

“Ponemos en marcha las primeras medidas para evitar que puedan seguir dando pasos en esta escalada de ilegalidad. Decidimos convocar elecciones libres para el 21 de diciembre”, añadió el primer ministro.

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