Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sociedades civiles presentaron un reclamo ante el Congreso de la Nación para que se garantice que el/la próximo Defensor/a “sea idóneo, independiente y proactivo en la defensa de los derechos”.

El quid de la cuestión está, sobre todo, en la necesidad de contar con “un procedimiento de designación participativo, abierto y transparente”. Tal como se preveía, nada de eso sucedió.

Esta tarde, la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo emitió un dictamen de mayoría por la que se propuso a la Cámara de Diputados y Senadores una terna compuesta por Alejandro Amor, Humberto Roggero y Jorge Sarghini.

Vale la pena recordar que dicho cargo está vacante desde 2009, es decir, desde hace nada más y nada menos que ocho años: la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes previstas en la Constitución Nacional para defender los derechos humanos y controlar a la administración pública. La CIDH, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial alertaron varias veces sobre este tema.

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, hizo su descargo por redes sociales: “Hoy la comisión decidió que ‘la política’ tenía que resolverlo sola y emitieron un dictamen en el que deciden: proponer a tres candidatos y no pedirle opinión a nadie. (…) No sabemos cuáles fueron los criterios para elegirlos. El único que explicaron fue ‘consenso político’. (…) Los tres son varones, además. Parece que no encontraron mujeres para defender al pueblo”.

“No se puede pretender ‘defender al pueblo’ y a la vez convalidar un sistema de selección en el que el pueblo no tiene voz ni voto. Necesitamos un defensor/a cuya legitimidad venga de la ciudadanía y no de un pacto parlamentario a puertas cerradas”, remató.

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