Las decenas de heridos y detenidos luego de las jornadas “calientes” del 14 y 18 de diciembre en las inmediaciones del Congreso de la Nación por la reforma previsional empiezan a tener efectos en el plano no sólo político sino también jurídico.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) inició en las últimas huras una “investigación” preliminar con pedidos de informes a las tres fuerzas de seguridad que participaron de la represión por “sospechas de abuso”.

La Fiscalía se propone determinar – hacia adentro de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y Gendarmería Nacional – “quiénes estaban al mando, las órdenes de servicio, los sistemas de turnos, el servicio de policía adicional, la nómina con la totalidad de efectivos participantes en los operativos y el equipamiento asignado en casa ocasión en la organización previa de los operativos”.

Asimismo, y según señalaron desde el portal “Nueva Ciudad”, se analizarán también las presentaciones de los organismos de derechos humanos y de las propias víctimas, quienes denunciaron los excesos policiales y las detenciones arbitrarias.

Vale la pena subrayar que el accionar de las fuerzas fue condenado por la CIDH y que, además, la Asociación de Reporteros Gráficos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires se movilizaron este miércoles al Congreso de la Nación por “la brutalidad y el desborde de la represión ejercida sobre la prensa”:

“Vinimos a repudiar lo que pasó el 14 y el 18 de diciembre, que fuimos violentados por la Policía, Gendarmería y Prefectura. Nosotros queremos trabajar en libertad”, aseguró Rolando Andrade, fotógrafo de Clarín.

“Como trabajadores de prensa venimos acá a cubrir y también a protestar: nosotros somos trabajadores y el presidente Macri, con su ministra Bullrich, están haciendo lo que quieren. (…) Estamos viviendo un autoritarismo total”, agregó.

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