? Foto: M.A.F.IA.

A fines de diciembre fueron despedidos 70 trabajadores/as del Ministerio de Defensa, de los cuales diez pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: las consecuencias y los efectos que trae esto en los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar son importantes.

El desmantelamiento de las áreas de archivos no es azaroso y, por el contrario, se vuelve algo preocupante: deja en manos de las Fuerzas Armadas los documentos desclasificados  que han servido de prueba directa de cómo funcionaron las estructuras militares y grupos de tarea en dicha época y sirvieron para llegar a sentencias y fundar condenas.

Ahora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció al respecto: “Las recientes medidas del Ministerio de Defensa reducen el personal dedicado a tareas archivísticas, de relevamiento documental y de digitalización. De esa forma, limita la continuidad del trabajo de investigación y el aporte a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad”, advirtieron.

“Su conformación abrió una nueva perspectiva en la averiguación de la verdad histórica y judicial tras años en los que se contaba casi exclusivamente con el testimonio de víctimas y familiares. Sus integrantes producen informes temáticos, se desempeñan como testigos expertos en los juicios, participan en inspecciones a unidades y realizan publicaciones y materiales para el público en general, entre otras tareas de reconstrucción y difusión”, explicaron.

“A través del análisis de reglamentos y directivas de las fuerzas armadas, los archivistas e investigadores explicaron aspectos que hasta ese momento eran sólo parcialmente conocidos del funcionamiento represivo entre 1976 y 1983. Reconstruyeron estructuras orgánicas administrativas y operativas, las cadenas de mando y realizaron organigramas de distintas dependencias militares. Esto implicó la ampliación del conocimiento sobre el lenguaje militar y la especificidad de su funcionamiento institucional. También permitió identificar a integrantes de los grupos de tareas de quienes se desconocían sus nombres”, remataron desde el CELS.

Al menos hasta el momento, desde el gobierno de Mauricio Macri no se pronunciaron sobre el tema ni informaron de cómo se seguirá con este trabajo sin personal dedicado a ello.

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