Importantes figuras políticas del gobierno que encabeza Mauricio Macri respaldaron en las redes sociales al policía embargado por 400.000 pesos por haber baleado y matado al delincuente que apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca.

El juez Enrique Gustavo Velázquez, a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Capital Federal, recaratuló el caso de la muerte de uno de los ladrones como “homicidio” al entender que hubo por parte de Luis Chocobar un “exceso en la legítima defensa”.

Poco le importó esto a los funcionarios: tanto Horacio Rodríguez Larreta como Cristian Ritondo, titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, salieron a respaldarlo con firmeza. Incluso el mismo Mauricio Macri decidió recibirlo en la Casa Rosada y ponerlo como “ejemplo” para la sociedad.

Alertado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) salió a criticar la postura gubernamental: “El robo ocurrió a más de tres cuadras del lugar en el que Chocobar disparó siete veces. Si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física. Si el policía se equivoca sobre la existencia de una agresión o utiliza la fuerza en forma desproporcionada e irracional, el caso se puede resolver como un exceso en legítima defensa; es decir, el policía comete un delito por su negligencia”, aseguraron a través de un comunicado.

“El gobierno nacional decidió aprovechar la visibilidad mediática que adquirió el caso para hacer un ejercicio típico de demagogia punitiva y convirtió el caso en un asunto de Estado. El presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibieron al policía procesado, al que calificaron de héroe y cuya conducta describieron como ejemplar. Reprodujeron y convalidaron una versión simplificada y errónea de los hechos según la cual la intervención letal del policía habría sido la que salvó la vida del turista”, prosiguieron.

“Sin interesarse por las evidencias que hasta el momento acumula la investigación judicial, los funcionarios hicieron una apología de la violencia policial y dieron preocupantes mensajes de presión a los jueces. Incluso se sumó a estos mensajes el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, cuya misión debería ser promover los estándares de uso racional de la fuerza y recordarle su existencia al presidente y la ministra en situaciones como esta”, agregaron con dureza.

Por último, desde el organismo señalaron: “Se busca nuevamente instalar la idea de que existe un ‘garantismo’ que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es ‘soltarle la mano’ a la policía para que actúen sin respetar las reglas. La falsedad de esta dicotomía la demuestra el hecho de que el otro asaltante, que consiguió escapar, fue luego localizado y detenido. Ese podría haber sido el destino de Juan Pablo Kukoc, de 18 años, la víctima fatal del hecho”.

Comentarios

comentarios