A fines del 2017, los organismos de derechos humanos y vecinos de Mar del Plata se enteraron que el genocida Miguel Etchecolatz volvería a vivir en su ciudad: la justicia le brindó el beneficio del arresto domiciliario y lo habilitaron para residir en su casa.

Poco más de un mes después, y luego de varias protestas y movilizaciones, los querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad en el ex “Circuito Camps”, donde el ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense acumula seis condenas, decidieron presentarle al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata un escrito para pedir que le revoquen la prisión domiciliaria.

Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación Anahí, querellantes como Elsa Pavón, Cristina Gioglio, Estela de la Cuadra, Nora y Marta Ungaro, Emilce Moler, Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Belén Gil Sánchez, Mariana De Marco, la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Docentes Universitarios y la Federación Universitaria de La Plata, la Asociación de Trabajadores Universitarios, la CTA, entre otros, firmaron el documento.

Allí, argumentaron que el represor no cuenta con controles jurisdiccionales, tal como dejó en evidencia la salida del represor a una clínica privada, sin urgencia ni autorización del tribunal; así como tampoco se da cuenta de la lesión a los derechos de víctimas, familiares de víctimas y ahora también vecinos, ajenos al proceso pero que sufren en carne propia la resolución judicial.

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