En las últimas horas, la justicia irlandesa determinó que el derecho a la vida del feto no está protegido constitucionalmente sino únicamente por un artículo específico que el gobierno quiere eliminar con un referéndum para, así, reformar la ley del aborto.

La llamada “Octava Enmienda” (“Eighth Amendment”), incluida en el artículo 40.3.3 de la Carta Magna, garantiza de igual manera el derecho a la vida del “no nacido” y de la madre, lo que solo permite la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales, convirtiendo la legislación vigente en una de las más restrictivas de toda Europa.

La idea de las autoridades irlandeses es convocar en mayo o junio a una consulta para revocar la enmienda: en caso de que se obtenga el apoyo de la ciudadanía, el Poder Ejecutivo que encabeza Leo Varadkar modificará la ley que solo permite el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, que incluye la amenaza de suicidio, pero no contempla casos de incesto, violación o malformaciones del feto.

La situación en el país es compleja: el “retraso” en estas cuestiones por el gran peso de la Iglesia Católica en su vida cotidiana que, aún en retroceso desde los 90′ por los casos de abuso sexual y el menor “enganche” que tiene en las vidas de los jóvenes, hace que miles de mujeres sigan viajando a Inglaterra cada año al extranjero para interrumpir sus embarazos.

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