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En un breve comunicado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) comunicó que el fallo del 2×1 para genocidas que firmó el año pasado y que suscitó grandes protestas y rechazo en la opinión pública continúa vigente.

“Ante publicaciones periodísticas referidas a la decisión adoptada en el acuerdo del martes 6 de marzo en la causa FPA 13007824/2003 ‘Appiani, Jorge Humberto y otro s/ legajo de apelación’, esta Corte considera oportuno aclarar que en dicha causa solo se había solicitado al Tribunal que se pronuncie sobre la prórroga de la prisión preventiva que le fuera impuesta al recurrente y que fuera confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en función de lo normado por el artículo 1 de la ley 25.430 que sustituyó el artículo 1 de la ley 24.390”, indicaron desde el máximo tribunal.

“La Corte no se pronunció al respecto y aplicó al caso la fórmula del artículo 280 del CPCyCN”, sentenciaron los magistrados en el texto publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Ante esto, los organismos de derechos humanos exigieron que la posición de Horacio Rosatti – que en el fallo “Appiani, Jorge Humberto y otros s/ Legajo de Apelación” cambió su postura y ahora formaría una nueva mayoría junto a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda – se vea reflejada en un fallo fundado que pueda ser invocado ante los tribunales inferiores y que reconozca que no puede haber una reducción de pena para delitos de lesa humanidad.

Por el momento, si un tribunal inferior decide concederle el beneficio del 2×1 a un represor, no hay una fundamentación del máximo tribunal que avale lo contrario. Sin embargo, el mismo no se ha aplicado debido a que desde un inicio la postura de la Corte Suprema no fue compartida por los jueces federales ni las Cámaras de Apelaciones y de Casación.

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