La semana pasada se conoció la intención del gobierno de Mauricio Macri que, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pretende liberar al 62% de los genocidas mayores de 70 años detenidos en sus dependencias.

La noticia, a poco de otro aniversario del golpe, generó polémica: los organismos de derechos humanos salieron con los tapones de punta contra las autoridades.

“Con la desaparición de Julio López se constató que los genocidas están en libertad, que conforman todavía sus propias bandas, con sus propias lealtades, y que se reciclaron todos, salvo una pequeña minoría que fue identificada, que pudo ser juzgada”, aseveró Myriam Bregman, legisladora por el FIT, en diálogo con FM Millenium.

Y, en esta misma línea, apuntó contra Elisa Carrió, quien en la última campaña se expresó a favor de la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad: “Defiende a los genocidas. No es una persona que lo va a decir brutalmente pero a su manera promueve la impunidad”.

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