El gobierno de Mauricio Macri viene anunciando en los medios desde hace semanas que modificará la “Ley de Defensa” para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior.

En las últimas horas, el ministro Oscar Aguad habló sobre la “estigmatización” de los militares y del “importante rol” que podrían cumplir haciendo “logística” e interviniendo en la “lucha contra el narcotráfico”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) una vez más reiteró su posición en contra de esta medida: “La posible derogación del decreto 727 se produce en el marco de una política de defensa que busca profundizar su alineamiento con el paradigma de las ‘nuevas amenazas’ y la ‘lucha contra el terrorismo’. En el contexto argentino, y sin un debate público sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y el presupuesto adecuado para cumplirlas, esto solo conducirá a una mayor asignación de tareas de seguridad interna y a un evidente proceso de ‘policialización’ de los militares, algo que comprometería aún más lo que queda de la defensa nacional”.

“Todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos. Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de defensa y seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática”, remataron.

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