El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está lejos de ser una “buena noticia” para la Argentina, tal como los voceros del gobierno de Mauricio Macri lo presentan.

Por el contrario, las propias acciones y discusiones que se dan al interior del elenco gubernamental dan cuenta de que no todo es “color de rosas”: se hace necesario bajar drásticamente el déficit fiscal para cumplir con las metas del organismo.

Para colmo, el balance de pagos, que en el primer trimestre anotó el mayor déficit de cuenta corriente de la historia según el INDEC, está en rojo.

Luego de que por la presión de los interlocutores del “campo” se bajara momentáneamente la idea de subir las retenciones al agro -recordemos que el intento del gobierno de Cristina Kirchner de hacerlo le valió, entre otras duras consecuencias políticas, un reagrupamiento de la oposición que hasta ese momento se encontraba dispersa bajo la rúbrica del ‘antikirchnerismo’- ahora la plana mayor de “Cambiemos” analiza los costos de otra medida impopular dentro de su base electoral.

Según trascendió a la prensa, el gobierno estudia ajustar el impuesto a los pasajes aéreos al exterior, cuya alícuota es actualmente del 7%: ya lo habían incrementado en enero del 2017. Encarecer los viajes al exterior y desincentivar el turismo de argentinos en el extranjero es el objetivo máximo.

Sin embargo, ante la posibilidad de que ello tampoco alcance, ya preparan una medida más potente para ser utilizada como última instancia si la volatilidad cambiaria continúa algunas semanas: incluir una tasa del 10% o 15% sobre las compras con tarjetas de crédito en el exterior. Además, esto podría instrumentarse de manera más inmediata con alguna figura legal del régimen cambiario desde el Banco Central y no necesitaría pasar por el Congreso de la Nación.

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