Mientras la discusión en torno al #AbortoLegal empieza a calentar motores en el Senado, otro foco de conflicto estalló fuera de la esfera estatal.

La CGT comunicó que muchos gremios “no están en condiciones económicas” para financiar la interrupción voluntaria del embarazo en sus obras sociales, es decir, que no pueden “afrontar los costos” de realizar la práctica médica en caso de que el Congreso de la Nación lo apruebe.

Según trascendió a la prensa, desde la central obrera solicitarían la próxima semana una reunión con el titular del Ministerio de Salud, Adolfo Rubinstein, para pedir explicaciones. Vale la pena subrayar que, si el proyecto es aprobado, el aborto formará parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) y, por ley, las obras sociales no podrán negar su práctica.

Las “razones económicas” esconden, además, un claro rechazo al proyecto. Ya algunos días antes de la media sanción en la Cámara de Diputados, dirigentes sindicales de peso como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad y triunviro de la CGT), Antonio Caló (metalúrgicos) y Julio Piumato (judiciales) habían firmado un documento en contra el aborto, al que calificaron como “la cultura del descarte”.

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