Baran Anil, un ciudadano turco de 27 años; Luis Fretes, paraguayo de 36; y los venezolanos Felipe Uleo, de 31, y Víctor Ulea, de 23, quedaron en el ojo de la tormenta luego de que el gobierno de Mauricio Macri admitiera públicamente su intención de deportarlos de la Argentina.

La confirmación llegó por parte del Director Nacional de Migraciones: “La voluntad política del Gobierno es producir la expulsión de las personas que rompan el contrato de confianza“, afirmó Horacio García en diálogo con Radio Mitre.

Veremos si se llega a un juicio abreviado como solución para expulsarlos. La postura del Poder Ejecutivo es cancelarle la residencia mediante la declaración de la irregularidad de la permanencia dentro del territorio. Recién ahí se puede dar la expulsión de esta persona con prohibición de reingreso de cinco, ocho, diez, quince años o permanente”.

“Cuando la persona viene al país se tiene que ajustar a normas. Tienen que sujetarse a la ley y cuando la infringe puede ser devuelta a su país porque rompió el contrato de confianza“, remató.

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