El juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, procesó sin prisión preventiva a cinco de los efectivos del “Grupo Albatros” que patrullaban el predio tomado de Villa Mascardi cuando el joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, cayó muerto de un balazo.

Además, decidió trabarle a los prefectos Francisco Pintos, Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia y Carlos Sosa un embargo de medio millón de pesos.

Uno de los puntos salientes es la calificación penal que le otorgó el magistrado: están acusados de “homicidio por exceso en la legítima defensa” ya que considera que hubo un “enfrentamiento”.

¿En que se basa para llegar a esa conclusión? En unas conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los uniformados en donde se muestran “sorprendidos” por el ataque con “armas letales” que recibieron. “Los archivos de audio encontrados en los celulares de algunos de los involucrados dan sobrada cuenta sobre aspectos que racionalmente podrían haber alarmado a los efectivos. (…) Descarto cualquier acuerdo previo para amañar la descripción dada la inmediatez con las acciones, tono de voz y demás condiciones de tiempo y lugar. Los juzgo muy verosímiles“, justificó en la resolución judicial.

Por esta misma razón, Moldes también dictó el procesamiento con prisión preventiva de dos mapuches que se encuentran actualmente prófugos: los acusa de “usurpación” y “resistencia a la autoridad” agravada “por haberse cometido a mano armada”.

Lo único que resta, antes de que se defina una fecha y el tribunal para la realización del juicio oral y público, es si alguna de las partes apelan o piden la nulidad de la resolución.

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