A través de la Resolución Conjunta Nº4 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo dispusieron que se puedan observar las declaraciones juradas de ventas al exterior de las empresas exportadoras de carne vacuna y, luego de ello, autorizar o no las mismas en base a si cumplieron o no con el acuerdo de precios al consumidor en el mercado interno.
De esta manera, la cartera que comanda Julián Domínguez tendrá la facultad de detener cualquier envío de carne vacuna al mercado internacional en caso de que se incumpla con algunas de las condiciones pactadas.
En este punto, vale la pena recordar que los exportadores de carne forman parte del acuerdo con la Secretaría de Comercio, que tiene como objetivo abastecer el mercado interno con 6.000 toneladas mensuales para que sean comercializadas a precios accesibles en los supermercados.
Entre los motivos que esgrimió la administración de Alberto Fernández para aplicar esta resolución, figura el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania ya que el conflicto “añade mayores riesgos a la seguridad alimentaria ya que afecta de forma significativa el abastecimiento global de productos alimentarios y genera alzas en los precios internacionales”.
Además, las autoridades sostienen que “la demanda internacional de carne vacuna y el aumento desproporcionado de los precios a causa de la guerra dificultan el acceso de estos productos a los ciudadanos argentinos“.
