Los trabajadores de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires vienen denunciando desde hace más de un año los embates del gobierno porteño contra los empleados que fueron contratados durante el peor momento de la pandemia del coronavirus y ahora son cesanteados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta aún cuando las condiciones laborales, de infraestructura y de plantel profesional de los centros de salud distan de ser las ideales.
La semana pasada, la “Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires” de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la decisión del ministerio que conduce Fernán Quirós de no renovar los contratos de 65 trabajadores del Hospital Durand tomados durante la pandemia: los cesanteados desempeñaban tareas en el centro público de atención y el recorte “incluye trabajadoras embarazadas, personal internado con secuelas del COVID-19 y enfermeros y enfermeras que son el único sostén del hogar”.
Ahora llegó el turno del Hospital Ramos Mejía: los trabajadores aseguraron que las autoridades porteñas procedieron a cerrar la UFU y, además, despidieron a 35 enfermeros.
“Pedimos que no se despida a nuestros compañeros. Nos hacen falta producto de las bajas por jubilación, fallecimiento y licencias por riesgo“, señaló Claudio Gómez, delegado SUTECBA, en diálogo con FM “La Patriada”.
“Hoy nos vamos a concentrar en una asamblea con los compañeros que están dispuestos a poder enfrentar esta política del Gobierno de la Ciudad de despedir a enfermos que estuvieron arriesgando su vida como si no nos hicieran falta en el hospital. También estamos reclamando el reconocimiento económico”, agregó luego.
Y remató: “No puede ser que nos quieran desmantelar el hospital y los servicios de internación. Si no hay enfermeros es difícil que puedan desenvolverse normalmente“.
