En las últimas horas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó formalmente un “amparo por mora” ante la Justicia con el objetivo de destrabar la importación de pistolas Taser.
Según las autoridades porteñas, el arma está prevista dentro del Sistema Integral de Seguridad Pública pero está formalmente frenada por una decisión administrativa del gobierno nacional.
En esta línea, recordaron que en mayo del año pasado, la ANMAC dio el visto bueno a la adquisición de 60 dispositivos modelo X2 para la Policía de la Ciudad pero la administración de Alberto Fernández intercedió para que, a partir de ese momento, quede trabada la importación.
Marcelo D’Alessandro, titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó desde ese entonces que no se “atente” contra la seguridad del distrito porteño: “El problema del gobierno nacional es ideológico: llegaron a comparar las Taser con las picanas de la dictadura“.
“Demonizaron el uso de estas armas y trabaron una herramienta fundamental para la seguridad de los 3 millones de porteños y las casi 4 millones de personas que diariamente ingresan a la Ciudad de Buenos Aires“, remató.
Vale la pena recordar que, en su momento, organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) salieron a cuestionar las supuestas “ventajas” de estas pistolas: “Provocan un dolor intenso, es decir que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel, y pueden ocasionar la muerte. La reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal”.
