En septiembre de 2010 impidieron el paso de un tractor que pretendía fumigar un campo de soja pegado a su vivienda. Tres años después, son llevados a la Justicia por “privación ilegítima de la libertad”. Familia chaqueña va a juicio por evitar se fumigada.

El pasado jueves, fracasó la audiencia de mediación en la Cámara del Crimen Nº 2 de Resistencia, Chaco, donde se intimó a la familia Aranda, de Colonias Unidas, a presentarse el 24 de septiembre, a las 8 de la mañana, ante la Justicia, luego de ser imputada por privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas.

“Me siento mal. La justicia tendría que ver que sólo pretendía cuidar a mi familia y al medio ambiente. Sin embargo, ahora somos citados por una supuesta privación de libertad de personas que iban a fumigar”, asegura Hugo Aranda, en diálogo con Radio Ciudad.

Fue en septiembre de 2010, en un día ventoso y lluvioso. Hugo Aranda, junto a su familia, impidieron el paso de un tractor que pretendía fumigar un campo de soja lindero a su hogar y a la escuela del Lote 7, en la zona rural de la localidad chaqueña de Colonias Unidas. “Nosotros fuimos hacia una de las tranqueras donde salía el tractor y le pedimos que espere que venga la policía para que vea que se estaba fumigando un día lluvioso con viento. Ellos retrocedieron el tractor y se encerraron solos”, recuerda.

Tiempo después, le llegó la denuncia del propietario del tractor por privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas; misma causa por la que se encuentran imputados su padre, Luciano, y su mamá, Felipa González. A pesar de que previamente los Aranda habían presentado un escrito en la policía alertando sobre la situación, su denuncia no prosperó; “misteriosamente” la del fumigador llegó hasta la Justicia provincial.

“Confiamos en la Justicia: nosotros somos las víctimas”, confiesa Aranda, preocupado. Polo Legal, el estudio de abogados que defiende a la familia, pretende que los miembros de la familia Aranda sean sobreseídos por considerar que sólo actuaron en defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano, ante la falta de acción de las autoridades provinciales que debían controlar la aplicación de productos agroquímicos.

En una provincia atravesada por los conflictos campesinos y el avance creciente de la sojización, el caso de la familia Aranda es un hecho paradigmático de lo cruel que puede ser la burocracia judicial con los más desprotegidos. Hugo y Luciano Aranda, además de Felipa González, deberán comparecer ante el juez el próximo 24 de septiembre.

(Fuente: Chaco Día por Día)

 

 

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