En la línea de investigación abierta por los “Panamá Papers”, el juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Mauricio Macri.
El magistrado pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera (UIF) algunos escritos y datos sobre distintas sociedades que hasta ahora no estaban bajo investigación y que se presume estarían vinculadas con la comisión de delitos económicos como evasión fiscal y lavado de dinero.
Luego del pedido del fiscal federal Federico Delgado, el juez federal ordenó a la Inspección General de Justicia que le suministre la copia de los legajos “desde 1985 hasta 2007 de las empresas Grufarma SA, SOCMA Americana, Global Collection Service, MTC Investment y Macri Investment Group”.
Casanello también le solicitó a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada de bienes que hizo el primer mandatario el año pasado. Asimismo, exigió a la UIF que investigue si existen “Reportes de Operaciones Sospechosas” (ROS) en Panamá, Inglaterra, Bahamas, Uruguay y Brasil sobre Kagemusha y Fleg Trading Ltd, junto al “requerimiento de información de otras compañías como Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group”.