“Cambiemos” no tiene respiro en febrero: el aumento de las jubilaciones y pensiones por la “Ley de Movilidad” se transformó en un nuevo escándalo político.

El 2017 viene siendo un año para el olvido para el gobierno de Mauricio Macri: al escándalo por el arreglo del Correo Argentino S.A. se le sumó ahora una catarata de críticas por las modificaciones que introdujo en la normativa reglamentaria que regula la actualización del porcentaje de aumento de las prestaciones jubilatorias.

En las últimas horas, la ANSES anunció que los haberes previsionales y los pagos por hijo y otras asignaciones familiares subirían un 12,65%, con lo cual “la jubilación mínima pasaría de $5661 a $6377 y la máxima, de $41.474 a $46.721”.

El organismo previsional confirmó, incluso, que ya tiene hechas las liquidaciones para los pagos de marzo con la aplicación de ese nivel de incrementos.

Sin embargo, la oposición y la opinión pública estalló por los aires: de no aplicarse la nueva resolución oficial, la suba de las jubilaciones sería más alta, aproximadamente del 12,96%. Y las prestaciones mínima y máxima llegarían a $ 6394,6 y $ 46.849 en cada caso.

Según el gobierno, el cambio se debe a que en la metodología usada hasta ahora hay una “pequeña” sobreestimación de los porcentajes que “sobrevalora la variación de la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones” por lo que “no se refleja fielmente la evolución en la disponibilidad de recursos”.

Tras el escándalo político que generó la medida, el presidente Mauricio Macri se comprometió con los legisladores de “Cambiemos” a rever la medida y prometió “discutirlo” en el Congreso de la Nación.

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