Gustavo Palmieri, director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, habló con Página|12 sobre la crisis que atraviesa a la flamante Policía de la Ciudad tras la detención de José Potocar.

En un apartado de la entrevista, sin embargo, hizo hincapié en la nula “razonabilidad” estatal a la hora de ocultar la información en torno a la compra de armas y a quiénes serán los encargados de usarlas.

“Las compras en materia de seguridad pública tienen que respetar criterios de publicidad. No sólo debe ser público el equipamiento, también el uso operativo debe ser parte del debate: cómo se lo utiliza, qué protocolos se aplican”, aseguró.

“En algunos casos implica debatir cuestiones técnicas, pero eso no justifica quitar publicidad. Fue una vieja discusión de la policía y la justicia. Todo lo que hace a equipamiento, personal y reglas de uso se debe conocer”, subrayó Palmieri.

“Si la policía usa un tipo de gas, por ejemplo, es una locura pensar que sólo la policía puede saber qué componentes tiene y cómo se puede usar. Es información que tienen que manejar legisladores, defensoría del pueblo y organismos de control”, concluyó.

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