Desde la detención de Milagro Sala para acá, el gobierno de Mauricio Macri viene siendo cuestionado por la dudosa constitucionalidad y la arbitrariedad utilizada en casos resonantes para apresar a dirigentes sociales y políticos.

“Por no quedar pegados a Boudou pocos dicen lo que pasa. Un juez sospechado de corrupción detiene sin juicio a un sospechado de corrupción para blanquearse. (…) Es muy posible que Boudou tenga que estar preso, pero después de un juicio. Hay que garantizar los derechos a quienes menos nos gustan. (…) Están haciendo el proceso al revés para justificar su pasado”, señaló el periodista Reynaldo Sietecase en su cuenta de Twitter.

El modus operandi utilizado cada vez más por los jueces argentinos resulta para muchos preocupante: los magistrados ordenan la detención de personas, sin juicio y sin sentencia.

Para colmo, en los últimos días el juez Ariel Lijo había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que destituye a los magistrados, por “demoras injustificadas en las causas de corrupción”.

Además, estaba en la mira del gobierno de Mauricio Macri por sus relaciones con otro colega, el camarista Eduardo Freiler, que está siendo sometido a un juicio político.

Al magistrado lo acusan de estar involucrados en negocios conjuntos que van “desde la integración de sociedades comerciales hasta la explotación de un balneario en Necochea”.

Sin embargo, este justificó la decisión de ordenar la detención del ex vicepresidente amparándose en que “sus contactos” podrían ayudarlo a fugarse o entorpecer la justicia, algo que resulta todavía más extraño ya que no lo hizo cuando Amado Boudou estaba ejerciendo su cargo – y por supuesto tenía más poder que ahora.

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